Las Hojas.

 Las Hojas.

El 22 de febrero de 1983, elementos del Batallón Jaguar, al mando del Capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales, participaron en un operativo en el Cantón de las Hojas, municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. Los soldados detuvieron a 16 campesinos, llevados al Río Cuyuapa, fueron muertos, con balazos a quemarropa. 

Los imputados no han dejado de sostener que se trató de un enfrentamiento con terroristas. De una investigación en el Ministerio de la Defensa se concluyó que ningún miembro de la Fuerza Armada tuvo responsabilidad en los hechos.

El proceso judicial fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, bajo la Ley de Amnistía de 1987. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992 encriminó al gobierno de El Salvador por fallar en su deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

  Periodistas Holandeses.

El diecisiete de marzo de 1982, en horas de la tarde, cuatro periodistas holandeses(Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen) acompañados por cinco o seis miembros del FMLN, algunos de ellos armados, cayeron en una emboscada tendida por una patrulla del Batallón “Atonal” de la Fuerza Armada Salvadoreña, cuando se dirigían a territorio controlado por el FMLN. El hecho ocurrió a poca distancia de la carretera San Salvador-Chalatenango, en las cercanías del desvío a Santa Rita. En el enfrentamiento murieron los cuatro periodistas y sólo salió con vida uno de los miembros del FMLN. 

Conclusión.

La comisión de la verdad  considera  que existe plena evidencia de que la muerte de los periodistas Holandeses ocurrida el 17 de marzo  de 1982 fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el comandante de la cuarta Brigada de infantería, coronel Mario A. Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales  en el cuartel el paraíso sobre la base  de información de inteligencia que les alerto su presencia y fue ejecutada  por una patrulla  de soldados perteneciente al BIRI Atonal al mando del sargento Mario Canizales Espinoza.

Posteriormente estos mismos oficiales y el sargento entre otros encubrieron la verdad de los hechos y obstaculizaron las investigaciones  que realizo el poder Judicial y otras autoridades competentes.

Estos asesinatos violaron el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que dispone que los civiles no serán objeto de ataque.

El Junquillo.

El Junquillo.

El 3 de marzo de 1981 hubo un operativo militar en el norte del Departaamento de Morazan. Las unidades del Capitan Napoleon Medina Garay llegaron a El Junquillo y allí permanecieron de 8 a 12 dias. Al dejar el lugar  el capitán  Medina Garay ordeno ejecutar  a la población civil que se encontraba en el canton el Junquillo.

El 12 de marzo de 1981 soldados miembros de la defensa civil de cacaopera atacaron a la población  en donde solo había mujeres, niños de corta edad y ancianos. Mataron a los habitantes, violaron  a algunas mujeres y niñas  menores de 12 años. Quemaron las casas, las milpas y los graneros.

Los sobrevivientes huyeron. Al dia siguiente un campesino volvió para ver que había pasado los soldados advirtieron su presencia y le hicieron varios disparos. Huyo ocultándose entre los montes. Un sobreviviente de la masacre, fue hasta el canton  para tratar de enterrar a las victimas, pero los soldados seguían en el lugar por lo que tuvo que esconderse.

La comisión concluyo lo siguiente:

Hay evidencia substancial de que el 12 de marzo de 1981 unidades de destacamento Militar de Sonsonate y miembros de la Defensa Civil de Cacaopera  atacaron indiscriminadamente y ejecutaron  en forma sumaria a hombres, mujeres y niños del cantón El Junquillo, jurisdicción de Cacaopera departamento de Morazán .

Hay evidencia suficiente de que el Capitan Carlos Napoleon Medina Garay ordeno la ejecución de los pobladores del canton El Junquillo.

Las Religiosas Norteamericanas.

  Las Religiosas Norteamericanas.

El día 2 de diciembre de 1980, miembros de la Guardia Nacional de El Salvador detuvieron a cuatro religiosas, una vez que ellas habían abandonado el aeropuerto internacional. Las religiosas Ita Ford, maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan fueron llevadas a un lugar aislado, y luego las ejecutaron disparándoles a corta distancia. En 1984, el sub-sargento Luis Antonio Colindres Alemán y los miembros de la Guardia Nacional Daniel Canales Ramírez, Carlos Joaquín Contreras Palacios, Francisco Orlando Contreras Recinos y José Roberto Moreno Canjura fueron condenados por asesinato a 30 años de prisión.

Aunque el informe Tyler concluyo en 1983 basandose en la evidencia existente que no había participación de oficiales superiores, la Comision considera que hay suficiente prueba que muestra que Colindres actuo siguiendo ordenes superiores.

La Comisión de la Verdad concluye que: 

La detención y la ejecución de las religiosas fue planeada con antelación a su llegada al aeropuerto. El Sub-sargento Luis Antonio Colindres Alemán, cumplió las órdenes superior de ejecutarlas.

El entonces Coronel Carlos Eugenio Vides Casanova, Director General de la Guardia Nacional, el Teniente Coronel Oscar Edgardo Casanova Vejar, Comandante del destacamento militar de Zacatecoluca, el Coronel Roberto Montenegro, el mayor Lizandro Zepeda Velasco y el Sargento Dagoberto Martínez entre otros militares, supieron que miembros de la Guardia Nacional habían cometido los asesinatos bajo órdenes superiores. El subsecuente ocultamiento de los hechos tubo el efecto de perjudicar el proceso de investigación judicial. 

Dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. 

El 27 de noviembre  de 1980 fueron secuestrados torturados y luego de un breve cautiverio ejecutados , Enriqque Alvarez Cordoba , Juan Chacon , Enrrique Escobar, Manuel de Jesus  Franco Ramirez , Humberto Mendoza y Doroteo Hernandez.

La captura se realizo en horas de la mañana  en el Colegio Externado San Jose , para la comisión de la verdad este hecho fue perpetrado por agentes  de seguridad publica y  que además la Policia de hacienda habría realizado el operativo  de seguridad exterior  que facilito  y cubrió a los autores.

Una  vez que se conoció la noticia se produce una guerra  de comunicados en torno a si se trataba de un hecho  realizado por parte de los cuerpos  de seguridad o una acción atribuida  a los escuadrones de la muerte , sin participación directa  de fuerzas gubernamentales .

Conclusión de la Comisión:

El secuetro, tortura y posterior asesinato de los dirigentes políticos  y sindicales fue un hecho que conmovió a la opinión pública nacional y cerro toda posibilidad de salida negociada  a la crisis política a finales de 1980.

No es posible determinar  en forma precisa  que organismo de seguridad publica llevo adelante estas operaciones delictivas. Sin embargo la Comisión considera que hay suficiente evidencia para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables  de este hecho, violento el derecho internacional de los derechos humanos.

La Comisión tiene sustanciales evidencias para afirmar, que la policía de Hacienda realizo el operativo de seguridad exterior  que facilito y cubrió a los autores del asesinato.

San Francisco Guajoyo.

San Francisco Guajoyo. 

En la madrugada del 29 de mayo de 1980 cincuenta a ochenta efectivos de los cuerpos de seguridad y de la segunda Brigada de Infanteria llegaron a la cooperativa San Francisco Juajoyo, del canton Belen Guijat, jurisdicción de metapan, en Santa Ana sacaron a los cooperativistas residentes de las viviendas aledañas y los llevaron al casco de la hacienda.

En la misma mañana descubrieron los cuerpos de doce victimas, cubiertos con una manta  con una leyenda que decía MUERTOS POR TRAIDORES. Poco después  el Juez de paz efectuo las diligencias  de rigor. 

La comisión en su informe concluyo lo siguiente:

·         El dia 29 de mayo de 1980 2 empleados  del ISTA y diez socios de la cooperativa San Francisco Guajoyo fueron ejecutados  con armas de fuego de alto calibre  en el area central  del local de la cooperativa.

·           La muerte no ocurio en un enfrentamiento armado.

·          Efectivamente de la segunda Brigada de infantería  y de los cuerpos de seguridad con jurisdicción  en el Departamento de Santa Ana fueron responsables del hecho.

·       El Estado Salvadoreño  tiene plena responsabilidad  por la ejecución  de los cooperativistas  la  cual violo el Derecho Internacional Humanitario y el derecho Internacional  de los Derechos Humanos y por no haber propiciado acción alguna tendiente a la identificación y sanción de los responsables.

Asesinato de los Sacerdotes Jesuitas 1989.

 Asesinato de los Sacerdotes Jesuitas 1989.

La madrugada del dia 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados a tiros en el centro pastoral de la Universidad Centroamerivcana Jose simeon Cñas  UC, seis sacerdotes Jesuitas, una cosinera y su hija de 16 años. Entre las victimas se encontraba  los padres Ignacio Ellacuriarector de la Universidad, Ignacio Martin-Baro,  Segundo Montes director del Instituto de derechos Humanos y Armando Lopez, Joaquin Lopez y Lopez y Juan Ramon Moreno todos profesores de la UCA, y la señora Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos.

En 1991 un jurado declaro al Coronel Guillermo Alfredo Benavides culpable de todos los asesinatos y al Teniente Yusshy René Mendoza Vallecidos del asesinato de la joven Celina Mariceth Ramos. El  juez les impuso la pena máxima de treinta años de prisión. El juez también condeno al Coronel Benavides y al Teninete  Mendoza por proposición y conspiración  para cometer actos  de terrorismo. Los tenientes  Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos  fueron sentenciados  a 3 años por proposición  y conspiración  para cometer actos de terrorismo, el Teniente Coronel Hernández fue  condenado por encubrimiento real, Mendoza Ballecidos fue condenado también por ese delito. Todos menos el coronel Benavides  y el Teniente Mendoza  quedaron el Libertad bajo fianza y siguieron en la Fuerza Armada.

Conclusiones del Caso.

Existe sustancial prueba de que el entonces Coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, y el Coronel Francisco Elena Fuentes, dio al Coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Para ello dispuso la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes se había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes.

Existe plena prueba de que posteriormente, todos estos oficiales y otros en conocimiento de lo ocurrido, tomaron medidas para ocultarlo. Existe suficiente prueba de que el General Gilberto Rubio Rubio, conociendo lo ocurrido, tomó medidas para ocultarlo.

Este interesante caso también lo puedes comprender a través de un video, por ello visita:

http://www.youtube.com/watch?v=5aRbXEdaYAc