MISION

Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador interesados en informar al público en general, la realidad que vivio nuestro pueblo, durante el conflicto armado, mediante la investigación de organismos dirigidos a la búsqueda de la paz social y al esclarecimiento de todos los actos de barbarie cometidos durante y finalizado el conflicto armado en El Salvador. Somos personas que va por la vida guiandoce por principios y valores de conciencia social y amor por el prójimo. Todo con el anhelo de dar un aporte a nuestra sociedad para que estos tengan un análisis critico en la búsqueda de la paz y el bien común.

VISION

Formar en la población Salvadoreña y en general a todo aquel que acceda a esta información la posibilidad de conocer los organismos que ayudaron a la investigacón de todos aquellos actos inhumanos cometidos contra el pueblo salvadoreño antes y después de conflicto armado, que con el tiempo las personas entiendan y se interesen por conocer mas sobre estos organismos y refleccionen por medio de la conciencia y puedan crear un análisis critíco sobre los acontecimientos que ocasionaron la guerra y los efectos de esta.

jueves, 18 de noviembre de 2010

TEHUICHO.

  TEHUICHO. 

El 23 de Julio de 1980, trece pobladores del caserío El Bartolillo, en el cantón Tehuicho, fueron ejecutados por civiles fuertemente armados que se identificaron como guerrilleros. En los alrededores murieron otras personas. 
La comisión concluye que le el 23 de julio de 1980, en el cantón Tehuicho, fueron ejecutados trece civiles por un escuadrón de la muerte, integrado por los elementos de la Brigada de Artillería Teniente Coronel Oscar Osorio así como miembros de la defensa civil de la jurisdicción de San Juan Opico.
 Poco después del mediodía del 23 de julio 1980 llego al caserío El Bartolillo, del cantón Tehuicho, un grupo de civiles de , aproximadamente, cien personas. Tenían manchadas las caras y vestían como campesinos. Estaban muy bien armados; se dispersaron por el cantón. Los testigos identificaron a Miguel Lemus, entonces miembro de la Defensa Civil.
Se presentaron como guerrilleros, convocaron a una reunión en la cancha de futbol según dijeron, para repartir armas. A medida que el operativo se extendía, llegaron a llevar la gente por la fuerza.
Los pobladores se encontraron en el campo deportivo. Allí fueron vendados. Los desconocidos se identificaron entonces, como un escuadrón de la muerte y acusaron a los pobladores de tener vinculación con la guerrilla.

Cinco días después de que la Comisión presentará su informe, la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó una ley de amnistía general que abarcaba todos los hechos violentos ocurridos en la guerra.

ZAMORA

ZAMORA

El 23 de febrero de 1980 fue asesinado en su residencia el dirigente demócrata cistiano y Procurador General de la Republica, abogado Mario Zamora Rivas.
Zamora, considerado uno de los mas importantes lideres de su organización política, trascendía, en su imagen pública, los linderos de su partido; lo cual, en el marco de la violencia política del país, lo exponía a represalias.
Miembros de un cuerpo de seguridad fueron responsables del asesinato de Zamora: es parte de un patrón de comportamiento adoptado a ese nivel dentro del marco de sus actividades ilegales. Aunque la Comisión no tiene duda cerca de los pormenores del asesinato, la autoría no se individualiza de los testimonios, pesquisas, probanzas y diligencias sobre le caso.
El gobierno no realizo una investigación adecuada que condujera a identificar y sancionar a los responsables. 

Conclusiones 

La comisión, sobre la base de la investigación efectuada y de los testimonios recibidos, considera que tiene evidencia suficiente para concluir que al Dr Zamora lo asesinaron miembros de un cuerpo de seguridad estatal en una operación decidida a ese nivel y llevada a cabo dentro del marco de sus actividades ilegales.
Asimismo, la comisión tiene evidencia suficiente para afirmar que la inteligencia del Estado Mayor estableció con precisión que órgano de seguridad realizo el crimen, información que las jerarquías militares de la época guardaron en secreto, encubriendo a los responsables; y no procedieron a realizar denuncia alguna ante las autoridades correspondientes, por lo cual, jamás se efectuó la debida investigación.

Caso Monseñor Romero.

Caso Monseñor Romero. 

 El 24 de marzo de 1980 el arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, fue asesinado cuando oficiaba la misa en la capilla del Hospital de la divina Providencia.
La Comisión concluye lo siguiente:
1.    El ex Mayor Roberto D`Aubuisson dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato.
2.    Los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato; así como Fernando Sagrera y Mario Molina.
3.    Amado Antonio Garay, motorista del ex Capitán Saravia, fue asignado para transportar al tirador a la capilla, el señor garay fue testigo de excepción cuando, desde un Volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22 de alta velocidad para matar al Arzobispo. 

Conclusiones.
La comisión concluyo lo siguiente:
1.    Existe plena evidencia de que: el ex mayor Roberto D`Aubuisson dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. Y los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación activa n la planificación y conducta del asesinato, así como Fernando Sagrera Mario Molina.
2.    Hay suficiente evidencia de que Walter Antonio Musa Alvares, junto con el ex capitán Saravia, tuvo que ver en la cancelación de los honorarios del autor material del asesinato.
3.    Hay suficiente evidencia de el fallido intento de asesinato contra el Juez Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos.


 V    Visite el siguiente enlace :




EL CALABOZO.

EL CALABOZO.


El día 22 de agosto de 1982, en el lugar denominado El Calabozo, situado al lado del rio Amatitàn, en el norte del Departamento de San Vicente, efectivos del Batallónde infantería de reacción inmediata (BIRI) Atlacatl, dieron muerte a mas de doscientos personas, hombres, mujeres y niños , que tenían en su poder.
Las victimas habían llegado al lugar desde diversas procedencias, huyendo de un vasto operativo militar antiguerrillero que se había iniciado tres días antes en la zona de los Cerros de San Pedro, y en el que participaban, además del BIRI Atlacatl, otras unidades de infantería, artillería y apoyo aéreo.
La zona donde se realizaba la operación tenia importante presencia guerrillera, apoyada por la población local. Las fuerzas del gobierno habían penetrado antes en la zona, pero los guerrilleros habían rehuido el combate. Esta vez la operación, que llevaba el nombre de  Teniente Coronel Mario Azenòn Palma utilizaba unos seis mil efectivos, con el objeto de limpiar de guerrilleros la zona. Ante el avance de las tropas hui la población civil, por miedo a los bombardeos y a la violencia de los soldados. Uno de los sitios donde se congrego un gran número de fugitivos fue  El Calabozo.
El 8 de septiembre, dos semanas después de los hechos, la masacre fue reseñada por el diario The Washington Post. El ministro de defensa, general José Guillermo García, declaro que se había hecho investigación y que no había ocurrido ninguna masacre. Reitero esta negativa en entrevista con la Comisión.
En el mes de Julio de 1992, por denuncia particular, se inicio la investigación judicial de los hechos en el juzgado Mixto de primera Instancia de San Sebastián. 

Conclusiones 

Existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del Batallon Atlacatl dieron muerte deliberadamente a màs de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia. El hecho ocurrió en el sitio denominado El Calabozo, cerca del cantón Amatitàn Abajo, Departamento de San Vicente.
A pesar de las denuncias públicas del hecho, las autoridades salvadoreñas negaron los hechos. Aunque expresaron haber hecho una investigación, no existe rastro alguno de su existencia.
La masacre del El Calabozo fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.


RIO SUMPUL

RIO SUMPUL

El 14 de mayo de 1980, contingentes del Destacamento Militar N 1, de la Guardia Nacional y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN), dieron muerte deliberadamente a un número no inferior a trescientas personas no combatientes, inclusive mujeres y niños, que intentaban cruzar el rio sumpul, al lado del caserío de Las Aradas, departamento de Chalatenango, para huir hacia honduras. La masacre se hizo posible como consecuencia de la cooperación de las Fuerzas Armadas hondureñas. Que impidieron el paso de los pobladores salvadoreños.
El operativo militar salvadoreño se había iniciado el día anterior como una operación anti guerrilla. Las tropas salieron desde diversos puntos y fueron convergiendo sobre el caserío de Las Aradas, situado a orillas del Rio Sumpul. En el curso de la operación se habían producido varios encuentros con los guerrilleros. 

Conclusiones 

Hay evidencia substancial que durante los días 13 y 14 de Mayo de 1980, efectivos militares del Destacamento Militar N 1, miembros de la Guardia Nacional y e la paramilitar ORDEN, con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea, cometieron una masacre de no menos de 300 personas civiles desarmadas, que se encontraban en el borde del Río Sumpul.
La comisión considero que hubo encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas. Hay prueba suficiente de que el coronel Ricardo augusto peña Arbaiza, comandante del destacamento militar número 1 en mayo de 1980, no promovió ninguna investigación seria  sobre los hechos.
La masacre del Río sumpul fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.


 Ver homenaje en memoria de los asesinados en el Río Sumpul visite:




CASO EL MOZOTE.

CASO EL MOZOTE

De 10 de diciembre de 1981, en el caserío EL MOZOTE, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del Batallón Atlacatl, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Luego de pasar la noche encerrados, el día 11 del mismo mes, fueron ejecutados por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, seguidos de las mujeres y finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de victimas identificadas excedió de doscientas. La cifra aumenta si se toman en cuenta las demás victimas no identificadas.
Estos hechos ocurrieron en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada "Operación Rescate", en la cual, además del Batallón Atlacatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.

Conclusión

Esta plenamente probado que el día 11 de diciembre de 1980, unidades del Batallón Atlacatl dieron muerte en el caserío El Mozote, de manera deliberad y sistemática, a un grupo de más de doscientos hombres, mujeres y niños, que constituía la totalidad de la población civil que el día anterior habían encontrado en el lugar y que desde entonces tenían en su poder. 
 

Visite el siguiente link:



Caso Garcia Alvarado.

Caso Garcia Alvarado.

El 28 de noviembre de 1989, el Dr. Francisco José Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de El Salvador, fue asesinado en su automóvil cuando lo conducía en la intersección del Boulevard de los Héroes y la Alameda Juan Pablo II en San Salvador. De los atacantes, uno murió, otro huyó, y el tercero, César Ernesto Erazó Cruz cayó herido.
En el hospital, Erazo Cruz declaró haber dado muerte a Guerrero por orden del FMLN. Posteriormente cambió su versión y terminó por negar toda participación. Cuando se le siguió juicio, el jurado lo absolvió.
El Dr. Guerrero procedía en esos días con una investigación sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y aparentemente había obtenido pruebas. Uno de los posibles móviles para su eliminación pudo haber sido justamente ocultarlas.
El Dr. Guerrero falleció como consecuencia de una acción deliberada para darle muerte. Aunque César Ernesto Erazó Cruz fue absuelto en el juicio, hay plena prueba de su participación en el asesinato. La Comisión intentó sin éxito lograr información importante en El Alvador y fuera del país para confirmar o descartar sus hipótesis de investigación. Al concluir su labor, aún cuando hay suficiente evidencia de que Erazo Cruz para ese momento, era miembro activo del FMLN, lo cual lleva a indagar más a fondo la autoría de ese asesinato por el FMLN, las pruebas disponibles no permitieron que en la Comisión se acordará plenamente sobre este caso.

Ejecución sumaria de Alcaldes.

 Ejecución sumaria de Alcaldes.

Entre los años de 1985 y 1988, un número elevado de alcandes de poblaciones situadas en zonas de conflicto fueron ejecutados, sin fórmula de juicio por el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, una de las organizaciones integrante del FMLN. Estas ejecuciones se produjeron de aplicación de una política del Frente, admitida públicamente por éste.
En el presente informe se reseñan once ejecuciones, pero el numero de ellas es mayor.

La Comisión concluye lo siguiente

La Comandancia General del FMLN aprobó y adoptó una política de asesinar a los alcaldes que ellos consideraban que hacían una labor de oposición.
 El “Núcleo” del Colectivo llevaba a cabo dicha política y ordenaba a sus comandantes locales que asesinaran a alcaldes que hacían una labor de oposición.
v      Las siguientes personas, entre otras, integraban el “Núcleo” del ERP en distintos momentos en que fueron asesinados alcaldes dentro de territorio bajo el control del ERP y participaron en las decisiones de llevar a cabo dichas ejecuciones sumarias, por lo cual tienen responsabilidad por las mismas: Joaquín Villalobos (*Atilio), Jorge Meléndez (*Jonás), Ana Sonia Medina (*Mariana), Mercedes del Carmen Letona (*Luisa), Ana Guadalupe Martínez (*María), y Marisol Galindo.

Ventura y Mejia.

Ventura y Mejia.

Francisco Arnulfo Ventura y José Humberto Mejía, estudiantes de derecho en la Universidad de El Salvador fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional en el parqueadero de la embajada norteamericana el 22 de enero de 1980, después de una manifestación estudiantil. Según testimonios, en el parqueadero, miembros de la Guardia entregaron a los estudiantes a unos hombres vestidos de civil, que se los llevaron en un carro particular. Pese a las investigaciones y recursos judiciales ejecutados desde esa fecha, los estudiantes permanecen desaparecidos. 

La Comisión alcanzó las siguientes conclusiones: 

Miembros de la Guardia Nacional capturaron a Francisco Arnulfo Ventura y a José Humberto mejía, los detuvieron en el parqueadero de la embajada norteamericana y luego los entregaron a unos hombres vestidos de civil, que se los llevaron en un vehículo particular.
Mientras se encontraban en poder de tales personas, los estudiantes desaparecieron y no existen prueba de que aún se encuentren con vida.

FENASTRAS Y COMADRES.

   FENASTRAS Y  COMADRES.

En la madrugada del 31 de octubre de 1989, desconocidos colocaron una bomba en la entrada al local del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero (COMADRES) en San Salvador. Cuatro Personas incluso un menor, resultaron heridas.
Al mediodía, se colocó una bomba en el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) en San Salvador. Murieron nueve personas y más de cuarenta resultaron heridas. Como resultado del atentado el FMLN decidió suspender el proceso de negociación de paz con el gobierno.

 La Comisión de la Verdad concluye lo siguiente: 

Los atentados con explosivos contra los locales de COMADRES y FENASTRAS, el 31 de octubre de 1989 formaron parte de una práctica sistemática y reiterada de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de los miembros de esas entidades.
El Gobierno de El Salvador no cumplió con su deber de garantizar los derechos humanos que los miembros de dichas entidades gozan como personas individuales y como miembros de dichas instituciones. 


Ataque contra un Hospital del FMLN y ejecución de una enfermera.


Ataque contra un Hospital del FMLN y ejecución de una enfermera.

El 15 d abril de 1989 unidades de la Fuerza Aérea atacaron a un hospital móvil del FMLN NP: Ubicado en la Finca Catarina, Departamento de San Vicente. Resultaron muertas cinco de las quince personas en el hospital: tres salvadoreños: Juan Antonio (enfermo), Clelia Concepción Díaz Salazar (alfabetizadora), María Cristina Hernández (enfermera y operadora de radio) y dos extranjeros: José Ignacio Isla Casares (médico argentino) y Madeleine Marie Francine Lagadec (enfermera francesa).
Una unidad de la Fuera Aérea Salvadoreña atacó al hospital. Elementos de esa unidad atacaron deliberadamente al personal médico en contravención del Derecho Internacional Humanitario, y capturaron con vida y ejecutaron a la enfermera francesa Madeleine Lagadec.
 Al no hacerse autopsia en las otraspersonas que resultaron muertas no se pudo determinar con el mismo grado de precisión si también fueron ejecutados.

Conclusion:

Existe suficiente evidencia de que una unidad de la Fuerza Aerea Salvadoreña ataco el hospital de campaña y de que ataco deliberadamente al personal medico en contravension al Derecho Internacional Humanitario.
Existe prueba substancial de uq elementos de esa unidad capturaron con vida y ejecutaron a la enfermera Madeleine Lagadec.
El Estado Salvadoreño fallo en su responsabilidad de investigar el caso y de procesar y sancionar a los culpables.


Las Hojas.

 Las Hojas.


El 22 de febrero de 1983, elementos del Batallón Jaguar, al mando del Capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales, participaron en un operativo en el Cantón de las Hojas, municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. Los soldados detuvieron a 16 campesinos, llevados al Río Cuyuapa, fueron muertos, con balazos a quemarropa. 

Los imputados no han dejado de sostener que se trató de un enfrentamiento con terroristas. De una investigación en el Ministerio de la Defensa se concluyó que ningún miembro de la Fuerza Armada tuvo responsabilidad en los hechos.
El proceso judicial fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, bajo la Ley de Amnistía de 1987. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992 encriminó al gobierno de El Salvador por fallar en su deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. 



  Periodistas Holandeses.

El diecisiete de marzo de 1982, en horas de la tarde, cuatro periodistas holandeses(Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen) acompañados por cinco o seis miembros del FMLN, algunos de ellos armados, cayeron en una emboscada tendida por una patrulla del Batallón “Atonal” de la Fuerza Armada Salvadoreña, cuando se dirigían a territorio controlado por el FMLN. El hecho ocurrió a poca distancia de la carretera San Salvador-Chalatenango, en las cercanías del desvío a Santa Rita. En el enfrentamiento murieron los cuatro periodistas y sólo salió con vida uno de los miembros del FMLN. 

Conclusión.

La comisión de la verdad  considera  que existe plena evidencia de que la muerte de los periodistas Holandeses ocurrida el 17 de marzo  de 1982 fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el comandante de la cuarta Brigada de infantería, coronel Mario A. Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales  en el cuartel el paraíso sobre la base  de información de inteligencia que les alerto su presencia y fue ejecutada  por una patrulla  de soldados perteneciente al BIRI Atonal al mando del sargento Mario Canizales Espinoza.
Posteriormente estos mismos oficiales y el sargento entre otros encubrieron la verdad de los hechos y obstaculizaron las investigaciones  que realizo el poder Judicial y otras autoridades competentes.
Estos asesinatos violaron el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que dispone que los civiles no serán objeto de ataque.

El Junquillo.

El Junquillo.

El 3 de marzo de 1981 hubo un operativo militar en el norte del Departaamento de Morazan. Las unidades del Capitan Napoleon Medina Garay llegaron a El Junquillo y allí permanecieron de 8 a 12 dias. Al dejar el lugar  el capitán  Medina Garay ordeno ejecutar  a la población civil que se encontraba en el canton el Junquillo.
El 12 de marzo de 1981 soldados miembros de la defensa civil de cacaopera atacaron a la población  en donde solo había mujeres, niños de corta edad y ancianos. Mataron a los habitantes, violaron  a algunas mujeres y niñas  menores de 12 años. Quemaron las casas, las milpas y los graneros.
Los sobrevivientes huyeron. Al dia siguiente un campesino volvió para ver que había pasado los soldados advirtieron su presencia y le hicieron varios disparos. Huyo ocultándose entre los montes. Un sobreviviente de la masacre, fue hasta el canton  para tratar de enterrar a las victimas, pero los soldados seguían en el lugar por lo que tuvo que esconderse.

La comisión concluyo lo siguiente:

Hay evidencia substancial de que el 12 de marzo de 1981 unidades de destacamento Militar de Sonsonate y miembros de la Defensa Civil de Cacaopera  atacaron indiscriminadamente y ejecutaron  en forma sumaria a hombres, mujeres y niños del cantón El Junquillo, jurisdicción de Cacaopera departamento de Morazán .
Hay evidencia suficiente de que el Capitan Carlos Napoleon Medina Garay ordeno la ejecución de los pobladores del canton El Junquillo.



Las Religiosas Norteamericanas.

  Las Religiosas Norteamericanas.


El día 2 de diciembre de 1980, miembros de la Guardia Nacional de El Salvador detuvieron a cuatro religiosas, una vez que ellas habían abandonado el aeropuerto internacional. Las religiosas Ita Ford, maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan fueron llevadas a un lugar aislado, y luego las ejecutaron disparándoles a corta distancia. En 1984, el sub-sargento Luis Antonio Colindres Alemán y los miembros de la Guardia Nacional Daniel Canales Ramírez, Carlos Joaquín Contreras Palacios, Francisco Orlando Contreras Recinos y José Roberto Moreno Canjura fueron condenados por asesinato a 30 años de prisión.

Aunque el informe Tyler concluyo en 1983 basandose en la evidencia existente que no había participación de oficiales superiores, la Comision considera que hay suficiente prueba que muestra que Colindres actuo siguiendo ordenes superiores.


La Comisión de la Verdad concluye que: 


La detención y la ejecución de las religiosas fue planeada con antelación a su llegada al aeropuerto. El Sub-sargento Luis Antonio Colindres Alemán, cumplió las órdenes superior de ejecutarlas.
El entonces Coronel Carlos Eugenio Vides Casanova, Director General de la Guardia Nacional, el Teniente Coronel Oscar Edgardo Casanova Vejar, Comandante del destacamento militar de Zacatecoluca, el Coronel Roberto Montenegro, el mayor Lizandro Zepeda Velasco y el Sargento Dagoberto Martínez entre otros militares, supieron que miembros de la Guardia Nacional habían cometido los asesinatos bajo órdenes superiores. El subsecuente ocultamiento de los hechos tubo el efecto de perjudicar el proceso de investigación judicial. 




Dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. 

El 27 de noviembre  de 1980 fueron secuestrados torturados y luego de un breve cautiverio ejecutados , Enriqque Alvarez Cordoba , Juan Chacon , Enrrique Escobar, Manuel de Jesus  Franco Ramirez , Humberto Mendoza y Doroteo Hernandez.
La captura se realizo en horas de la mañana  en el Colegio Externado San Jose , para la comisión de la verdad este hecho fue perpetrado por agentes  de seguridad publica y  que además la Policia de hacienda habría realizado el operativo  de seguridad exterior  que facilito  y cubrió a los autores.
Una  vez que se conoció la noticia se produce una guerra  de comunicados en torno a si se trataba de un hecho  realizado por parte de los cuerpos  de seguridad o una acción atribuida  a los escuadrones de la muerte , sin participación directa  de fuerzas gubernamentales .



Conclusión de la Comisión:

El secuetro, tortura y posterior asesinato de los dirigentes políticos  y sindicales fue un hecho que conmovió a la opinión pública nacional y cerro toda posibilidad de salida negociada  a la crisis política a finales de 1980.
No es posible determinar  en forma precisa  que organismo de seguridad publica llevo adelante estas operaciones delictivas. Sin embargo la Comisión considera que hay suficiente evidencia para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables  de este hecho, violento el derecho internacional de los derechos humanos.
La Comisión tiene sustanciales evidencias para afirmar, que la policía de Hacienda realizo el operativo de seguridad exterior  que facilito y cubrió a los autores del asesinato.

San Francisco Guajoyo.

San Francisco Guajoyo. 

En la madrugada del 29 de mayo de 1980 cincuenta a ochenta efectivos de los cuerpos de seguridad y de la segunda Brigada de Infanteria llegaron a la cooperativa San Francisco Juajoyo, del canton Belen Guijat, jurisdicción de metapan, en Santa Ana sacaron a los cooperativistas residentes de las viviendas aledañas y los llevaron al casco de la hacienda.
En la misma mañana descubrieron los cuerpos de doce victimas, cubiertos con una manta  con una leyenda que decía MUERTOS POR TRAIDORES. Poco después  el Juez de paz efectuo las diligencias  de rigor. 

La comisión en su informe concluyo lo siguiente:

·         El dia 29 de mayo de 1980 2 empleados  del ISTA y diez socios de la cooperativa San Francisco Guajoyo fueron ejecutados  con armas de fuego de alto calibre  en el area central  del local de la cooperativa.
·           La muerte no ocurio en un enfrentamiento armado.
·          Efectivamente de la segunda Brigada de infantería  y de los cuerpos de seguridad con jurisdicción  en el Departamento de Santa Ana fueron responsables del hecho.
·       El Estado Salvadoreño  tiene plena responsabilidad  por la ejecución  de los cooperativistas  la  cual violo el Derecho Internacional Humanitario y el derecho Internacional  de los Derechos Humanos y por no haber propiciado acción alguna tendiente a la identificación y sanción de los responsables.



Asesinato de los Sacerdotes Jesuitas 1989.



 Asesinato de los Sacerdotes Jesuitas 1989.

La madrugada del dia 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados a tiros en el centro pastoral de la Universidad Centroamerivcana Jose simeon Cñas  UC, seis sacerdotes Jesuitas, una cosinera y su hija de 16 años. Entre las victimas se encontraba  los padres Ignacio Ellacuriarector de la Universidad, Ignacio Martin-Baro,  Segundo Montes director del Instituto de derechos Humanos y Armando Lopez, Joaquin Lopez y Lopez y Juan Ramon Moreno todos profesores de la UCA, y la señora Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos.

En 1991 un jurado declaro al Coronel Guillermo Alfredo Benavides culpable de todos los asesinatos y al Teniente Yusshy René Mendoza Vallecidos del asesinato de la joven Celina Mariceth Ramos. El  juez les impuso la pena máxima de treinta años de prisión. El juez también condeno al Coronel Benavides y al Teninete  Mendoza por proposición y conspiración  para cometer actos  de terrorismo. Los tenientes  Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos  fueron sentenciados  a 3 años por proposición  y conspiración  para cometer actos de terrorismo, el Teniente Coronel Hernández fue  condenado por encubrimiento real, Mendoza Ballecidos fue condenado también por ese delito. Todos menos el coronel Benavides  y el Teniente Mendoza  quedaron el Libertad bajo fianza y siguieron en la Fuerza Armada.
















Conclusiones del Caso.

Existe sustancial prueba de que el entonces Coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, y el Coronel Francisco Elena Fuentes, dio al Coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Para ello dispuso la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes se había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes.
Existe plena prueba de que posteriormente, todos estos oficiales y otros en conocimiento de lo ocurrido, tomaron medidas para ocultarlo. Existe suficiente prueba de que el General Gilberto Rubio Rubio, conociendo lo ocurrido, tomó medidas para ocultarlo.



Este interesante caso también lo puedes comprender a través de un video, por ello visita: